Sorpresa ha generado la nueva política de gobierno que busca concesionar los parques nacionales, ello en el marco del nuevo modelo de concesiones está dentro del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable impulsado por el ministerio de Bienes Nacionales y que comenzó a materializarse hace algunos días cuando se entregó en concesión parte del Radal Siete Tazas en la región del Maule.

Según indicó en esa oportunidad el ministro del ramo, Felipe Ward, la idea es que sea un beneficio para los turistas, como así también de protección para los parques, algo que no a todos convence.

Este modelo contiene una lista de parques priorizables entre los que se encuentra el Parque Nacional La Campana de Olmué, cuyos terrenos podrían ser licitados a privados o a corporaciones municipales tal como ocurrió en el Maule donde se concesionó el 0,7% del terreno a la Corporación de Turismo de la municipalidad de Molina por 10 años y a Valdokko, una agrupación de empresarios turísticos, por un plazo de 25 años.

"Este modelo trae efectos positivos, beneficios para los turistas y protege los parques. Además, trae beneficios económicos para las regiones. Una vez que se demuestre esto, esperamos que la opinión sea una sola, apoyar los procesos. Pero esto debe ser paulatino y con el apoyo de la ciudadanía", dijo a La Segunda el ministro Felipe Ward.

Legislación pendiente

Carlos Barrales, historiador de Olmué, ambientalista y miembro de la agrupación "Olmué en Verde", ve con preocupación esta situación por cuanto hay una ley de protección a los parques nacionales en el Congreso que aún duerme.

"Se está tramitando aún la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entonces es preocupante porque hay una alta probabilidad de que los parques estén desprotegidos. A la hora que una empresa gane la concesión, se la adjudique, comience a emprender negocios, hará todo para alcanzar su meta que es lucrar, pero sin control ni regulación lo que puede ser peligroso para el medio ambiente. Hay una alta probabilidad de que terminen destruyéndolo", señaló.

Barrales también está convencido que no somos los mejores protectores del medio ambiente, lo que podría ser aún más perjudicial, pero si el marco regulatorio estuviera aprobado, la medida del ministerio de Bienes Nacionales podría ser muy positiva.

"Si hay fiscalización, si hay entidades que estén vigilantes para que no se transgredan los acuerdos, que se respeten las concesiones y si hay sanciones se saque de circulación a esos empresarios, esto puede ser muy bueno para activar la economía local. Se pueden generar visitas y trabajo con guías, quiero pensar que no se van a poner restaurantes u hoteles, hay que poner un actor que ponga en movimiento el ecoturismo, pero amparado por una ley, de lo contrario, sería la tormenta perfecta", sostuvo.

"No nos sorprende"

pese a que el ambientalista Joel González de "Libres de Alta Tensión" desconocía que La Campana estaba en la mira del gobierno, no le sorprende esta decisión por cuanto asegura que hay un actuar sistematizado donde las reservas de la biosfera no están siendo correctamente protegidas.

"Aquí vemos que se están tratando de amparar ciertos proyectos energéticos e industriales con una precarización de la mirada de lo que significan estos sitios prioritarios de conservación. No nos sorprende que el gobierno esté desplazando su responsabilidad de garante de estos espacios que son reservas de la biosfera para entregárselos a privados de quienes no sabemos cuáles serán sus perspectivas ni su eje de trabajo a futuro", señaló. J

Consultada la alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, ésta aplaudió la iniciativa impulsada por el gobierno porque "Conaf no ha sido capaz de difundir de la manera correcta la potencialidad que tienen los parques nacionales. El que privados los administren podrían, sin duda, sacarles mayor provecho, convertirlos en verdaderos focos turísticos de atractivo internacional. Como municipio hemos hecho grandes esfuerzos, pero no tenemos la administración del parque (...) al estar en manos de privados se prohibiría de manera estricta el abuso indiscriminado que ha habido con el fruto de la Palma Chilena en que muchas personas creen que pueden entrar y sustraerlo de manera indiscriminada. Al estar concesionados estos parques habría una fiscalización estricta ya que si un particular ingresa a un lugar que está concesionado se constituye un delito por lo cual para la preservación de las especies y la difusión sería muy positivo", indicó.