• Apelaciones falló en contra de la municipalidad de Nogales

    Fue el 22 de abril pasado cuando una resolución de Contraloría Regional ordenaba al municipio de Nogales a la reincorporación del funcionario Marcelo Cisternas quien había sido separado de sus funciones en diciembre del año pasado por abandono de trabajo sin causa justificada.

    Sin embargo, el municipio hizo caso omiso de esa orden debido a que no les había llegado ningún dictamen de la Contraloría y que sólo acatarían un fallo de la justicia.

    El pasado 3 de julio se pronunció la Corte de Apelaciones de Valparaíso luego de que el afectado concurriera a esa instancia, dado que, transcurridos los 10 días hábiles que ordenaba la Contraloría para su reincorporación, esto no había ocurrido.

    "Se acoge, con costas el recurso de protección deducido por don Marcelo Cisternas Rivera, en contra de la Ilustre Municipalidad de Nogales, organismo que deberá incorporar de inmediato en sus funciones al recurrente como auxiliar de servicio en el Centro de Salud Familiar de Nogales, dando de esa forma, estricto cumplimiento al oficio N° 4825 de fecha 22 de abril de 2019 de la Contraloría General de la República", señala el escrito.

    Persecución

    Cabe destacar que Marcelo Cisternas, que recibió el respaldo de la CUT Provincial, es secretario de la Asociación N°2 de funcionarios de la salud y, según acusó a hace unas semanas través de La Estrella de Quillota, todo se trataría de una persecución por parte de la primera autoridad de la comuna, la alcaldesa Margarita Osorio.

    "Fui desvinculado arbitrariamente por sostener un premiso gremial que fue otorgado por el mismo municipio y sin embargo me despiden (...) el día 3 de julio la Corte de Apelaciones condena al municipio al reintegro de mis funciones y además a cancelarme las costas y todo lo que corresponde a sueldos desde diciembre a la fecha lo que aún no ha ocurrido", señaló Marcelo Cisternas.

    Despidos Permanentes

    Por su parte, el concejal Johao Marchant acusó que en ese municipio hay una serie de despidos injustificados y que en la actualidad hay 6 funcionarios que están en litigio.

    "Hay que informar a la comunidad que ya hemos pagado más de 100 millones de pesos en indemnizaciones a funcionarios que se han despedido injustificadamente. Hay 6 funcionarios que están en proceso judicial donde la Contraloría ha pedido al municipio su recontratación, situación que a la fecha no ha pasado", aclaró el edil.J

  • respuesta municipal

    Al respecto el asesor jurídico del municipio, Alejandro Borbarán, sostuvo que "hay una sentencia de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sentencia que es muy mala desde el punto de vista jurídico porque prácticamente lo único que nos dice sin mayor argumento de derecho positivo, legal, ni constitucional, es 'cumpla lo que dice la Contraloría Regional' y estamos alegando que la Contraloría Regional carece de jurisdicción, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar a una corporación autónoma de derecho público y, transgrediendo artículos específicos de la ley la Contraloría, se atreve a dictar oficios en virtud de los cuales no respeta las atribuciones que ejerza la alcaldesa quien es la representante judicial y extrajudicial de esta corporación autónoma y, por lo tanto, tiene facultades exclusivas, privativas y no delegables de nombramiento y remoción de funcionarios". El municipio de Nogales presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema que debiera ser resuelto en los próximos meses, además de otras acciones judiciales.

  • Decomisan 20 kilos de carne que vendían en la calle en La Calera

    Tres sumarios sanitarios y el decomiso de alrededor de 20 kilos de carne por ejercer comercio sin resolución sanitaria ni permiso municipal, además de notificar a tres personas para regularización de patentes fue el resultado de la fiscalización que realizaron de manera conjunta la Gobernación Provincial de Quillota y la Seremi de Salud.

    En terreno, lograron fiscalizar a vendedores específicamente de anticuchos. La totalidad de los fiscalizados no presentaron la autorización sanitaria correspondiente al rubro, por lo tanto, se les indicó que deben regularizar su condición y además informarse sobre las autorizaciones para la venta de comercio en la vía pública de acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos.

    "Esta tarea la vamos a seguir realizando en la comuna de La Calera y se han llevado a cabo en otros puntos de la región", sostuvo el seremi de Salud, Francisco Álvarez. J