La Fiscalía Metropolitana Sur informó ayer que abrió una investigación penal de oficio, luego que una auditoría del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente reveló que se habrían eliminado más 323 mil interconsultas en el Hospital Sótero del Río, en Puente Alto.

Según un informe difundido por Canal 13, el centro asistencial solicitó el egreso de estas interconsultas, algunas sin justificación, por lo que varios pacientes se encontrarían sin la atención que necesitan. Tras conocerse el hecho, el miércoles el director del hospital , Luis Arteaga, presentó su renuncia y ayer la Fiscalía Sur informó que inició "una investigación penal de oficio por el delito de tráfico de influencias ante presuntas irregularidades en las listas de espera de atenciones médicas".

La fiscal Denise Valenzuela dijo que "entre las primeras diligencias se solicitará al Servicio de Salud el sumario administrativo, a lo que se sumarán instrucciones al equipo policial que estará a cargo de la investigación".

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, reconoció ayer que los hechos expuestos son graves porque "atentan contra la confianza y la transparencia del sistema".

A su vez dijo que iniciaron un sumario para "investigar con más precisión qué pasó y quiénes eventualmente puedan ser responsables y cuáles son las sanciones que esos responsables debieran recibir". El Consejo de Defensa del Estado estudiará el caso.

No obstante, Salgado dijo que gran parte de las consultas no debían estar en la lista y que se trataría de un registro paralelo del hospital. De hecho aseguró que no son 323 mil casos , sino que poco menos de 20 mil personas las que deberían estar ahí y fueron trasladadas.

"De la totalidad de esas personas, la gran parte no correspondía a estar en una lista de espera de la que nosotros teníamos registrada y que son para consultas de nueva especialidad y para cirugías. Era para otro tipo de procedimientos que no están dentro de la lista de espera de estas características", dijo el subsecretario, quien agregó que algunos casos "eran ya resueltos o estaban duplicados y, por cierto, algunas de esas personas habían fallecido".

Diputados RN enviaron un oficio a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al Servicio de Salud Sur Oriente para solicitar acciones penales. Acusan que en este caso podría haber delitos de falsificación o adulteración maliciosa de instrumento público, fraude al Fisco y asociación delictiva.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), calificó la situación como "indignante. Por eso me parece bien que haya sido removido el director del hospital". A su vez dijo que la explicación que dio el Ejecutivo fue "muy liviana. Espero que el Gobierno entienda que en vez de estar escondiendo esto debajo de la alfombra, lo que deberán de hacer es tratar de transparentarlo". J