Una demanda de indemnización de perjuicios fue interpuesta el pasado 16 de octubre en el Juzgado de Letras de La Calera, en contra de la municipalidad de Nogales.

La acción legal, encabezada por la viuda e hijos de Víctor Gonzalo Tapia Vergara, busca responsabilizar a la administración municipal, representada por la alcaldesa Margarita Osorio Pizarro, por el trágico fallecimiento del director de Obras Municipales.

Tapia Vergara, quien desempeñaba el cargo de director de Obras del municipio nogalino, tomó la drástica decisión de quitarse la vida el 29 de mayo de este año. Según la demanda, esta decisión habría sido provocada por años de persecución, acoso y hostigamiento por parte de la autoridad municipal.

La familia del fallecido alega que estas presiones constantes llevaron a Tapia a un estado emocional insostenible, que culminó en su trágico final.

Compensación

La demanda, que exige una compensación cercana a los $1.200 millones, se sustenta en el daño emergente y moral que esta situación ha generado en la familia del funcionario. Además, la acción busca que el municipio asuma la responsabilidad civil por lo que consideran un actuar doloso y reiterado por parte de la alcaldesa, quien, según se acusa, ejerció una presión indebida que terminó afectando la estabilidad emocional de Tapia.

Más allá de la compensación económica, la familia de Tapia espera que este proceso judicial sirva como un llamado de atención para las autoridades, señalando que el poder no debe ser utilizado para vulnerar los derechos de los trabajadores y que las decisiones arbitrarias pueden tener consecuencias irreparables.

La abogada Ximena Olivares Cerpa, representante legal de la familia, afirmó que la demanda no solo busca justicia para el caso de Víctor Tapia sino que también establecer un precedente que impida futuros abusos de poder dentro de la administración pública.

Esta denuncia se suma al drama familiar que vive la esposa de Tapia, quien no solo ha debido enfrentar la pérdida de su esposo sino también la compleja lucha legal para obtener justicia en nombre de su familia.

la familia

Claudia Catalán, viuda de Víctor, describió el proceso que ha enfrentado como un desafío constante, una lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante a su familia, especialmente a sus dos hijos, de 10 y 18 años.

Al principio, la decisión de su esposo parecía incomprensible, dado que Víctor siempre fue un hombre cercano y protector, alguien que valoraba profundamente los momentos familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Claudia recordó cómo, poco después del fallecimiento, empezaron a llegarle mensajes y testimonios sobre lo que Víctor había vivido en su entorno laboral. Esos relatos le permitieron atar cabos y entender la magnitud del sufrimiento que había soportado en silencio.

"No entendía lo que había pasado porque éramos una familia unida, que conversaba, que disfrutaba. La familia era su refugio, su lugar seguro. Pero poco a poco las conversaciones y experiencias que me fueron compartiendo me hicieron ver el ambiente hostil que él había estado enfrentando en el trabajo".

Con cada nueva información, Claudia fue recordando conversaciones previas con su esposo, en las que él aludía a un trato denigrante y despectivo dentro de la municipalidad, no solo hacia él sino también hacia sus compañeros. Víctor, según relata su viuda, no se acostumbraba a esa atmósfera tóxica y luchaba por proteger y apoyar a quienes sufrían el mismo trato injusto.

"Nos sentábamos a hablar y me contaba lo difícil que era lidiar con ese tipo de ambiente, tan irrespetuoso y vulgar. A pesar de todo, él intentaba ser un respaldo para sus colegas, pero llegó un punto en que fue demasiado para él", recordó Claudia con tristeza.

Cuando comenzaron a llegar llamadas de apoyo de personas que se sentían abandonadas tras la pérdida de Víctor, ella decidió que no podía permanecer en silencio. Sintió la necesidad de actuar, de buscar justicia por aquellos que aún permanecen en ese ambiente laboral dañino. "Víctor protegía a sus compañeros, era un hombre íntegro, muy sensible, y por eso sé que nunca pudo tolerar el tipo de liderazgo disfuncional y autoritario que imperaba en la municipalidad", enfatizó.

Claudia aseguró que esta demanda no solo es un acto de justicia para su familia sino también un esfuerzo por evitar que otros sigan siendo víctimas de ese maltrato, para reivindicar la memoria de su esposo y para ofrecer una esperanza a quienes aún están allí. J

Esta demanda no solo es un acto de justicia para su familia, sino también un esfuerzo por evitar que otros sigan siendo víctimas de ese maltrato".

Una demanda de indemnización de perjuicios fue interpuesta el pasado 16 de octubre en el Juzgado de Letras de La Calera, en contra de la municipalidad de Nogales.

La acción legal, encabezada por la viuda e hijos de Víctor Gonzalo Tapia Vergara, busca responsabilizar a la administración municipal, representada por la alcaldesa Margarita Osorio Pizarro, por el trágico fallecimiento del director de Obras Municipales.

Tapia Vergara, quien desempeñaba el cargo de director de Obras del municipio nogalino, tomó la drástica decisión de quitarse la vida el 29 de mayo de este año. Según la demanda, esta decisión habría sido provocada por años de persecución, acoso y hostigamiento por parte de la autoridad municipal.

La familia del fallecido alega que estas presiones constantes llevaron a Tapia a un estado emocional insostenible, que culminó en su trágico final.

Compensación

La demanda, que exige una compensación cercana a los $1.200 millones, se sustenta en el daño emergente y moral que esta situación ha generado en la familia del funcionario. Además, la acción busca que el municipio asuma la responsabilidad civil por lo que consideran un actuar doloso y reiterado por parte de la alcaldesa, quien, según se acusa, ejerció una presión indebida que terminó afectando la estabilidad emocional de Tapia.

Más allá de la compensación económica, la familia de Tapia espera que este proceso judicial sirva como un llamado de atención para las autoridades, señalando que el poder no debe ser utilizado para vulnerar los derechos de los trabajadores y que las decisiones arbitrarias pueden tener consecuencias irreparables.

La abogada Ximena Olivares Cerpa, representante legal de la familia, afirmó que la demanda no solo busca justicia para el caso de Víctor Tapia sino que también establecer un precedente que impida futuros abusos de poder dentro de la administración pública.

Esta denuncia se suma al drama familiar que vive la esposa de Tapia, quien no solo ha debido enfrentar la pérdida de su esposo sino también la compleja lucha legal para obtener justicia en nombre de su familia.

la familia

Claudia Catalán, viuda de Víctor, describió el proceso que ha enfrentado como un desafío constante, una lucha diaria por sobrevivir y sacar adelante a su familia, especialmente a sus dos hijos, de 10 y 18 años.

Al principio, la decisión de su esposo parecía incomprensible, dado que Víctor siempre fue un hombre cercano y protector, alguien que valoraba profundamente los momentos familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Claudia recordó cómo, poco después del fallecimiento, empezaron a llegarle mensajes y testimonios sobre lo que Víctor había vivido en su entorno laboral. Esos relatos le permitieron atar cabos y entender la magnitud del sufrimiento que había soportado en silencio.

"No entendía lo que había pasado porque éramos una familia unida, que conversaba, que disfrutaba. La familia era su refugio, su lugar seguro. Pero poco a poco las conversaciones y experiencias que me fueron compartiendo me hicieron ver el ambiente hostil que él había estado enfrentando en el trabajo".

Con cada nueva información, Claudia fue recordando conversaciones previas con su esposo, en las que él aludía a un trato denigrante y despectivo dentro de la municipalidad, no solo hacia él sino también hacia sus compañeros. Víctor, según relata su viuda, no se acostumbraba a esa atmósfera tóxica y luchaba por proteger y apoyar a quienes sufrían el mismo trato injusto.

"Nos sentábamos a hablar y me contaba lo difícil que era lidiar con ese tipo de ambiente, tan irrespetuoso y vulgar. A pesar de todo, él intentaba ser un respaldo para sus colegas, pero llegó un punto en que fue demasiado para él", recordó Claudia con tristeza.

Cuando comenzaron a llegar llamadas de apoyo de personas que se sentían abandonadas tras la pérdida de Víctor, ella decidió que no podía permanecer en silencio. Sintió la necesidad de actuar, de buscar justicia por aquellos que aún permanecen en ese ambiente laboral dañino. "Víctor protegía a sus compañeros, era un hombre íntegro, muy sensible, y por eso sé que nunca pudo tolerar el tipo de liderazgo disfuncional y autoritario que imperaba en la municipalidad", enfatizó.

Claudia aseguró que esta demanda no solo es un acto de justicia para su familia sino también un esfuerzo por evitar que otros sigan siendo víctimas de ese maltrato, para reivindicar la memoria de su esposo y para ofrecer una esperanza a quienes aún están allí. J

Esta demanda no solo es un acto de justicia para su familia, sino también un esfuerzo por evitar que otros sigan siendo víctimas de ese maltrato".

La abogada representante de la familia Vergara Tapia aseguró que "la falta de servicio se configura plenamente a juicio de esta parte, por tratarse de una seguidilla de actos de hostigamiento y acoso que se manifestaron en acciones tales como reducción continuo de personal en la Dirección de Obras Municipales (DOM), recarga de trabajo con funciones ajenas a las del DOM - como subrogancia por largo tiempo en Secretaría Municipal, jefatura del Agua Potable en otro distrito de la comuna -, malos tratos, reuniones sin cumplir exigencia de la Ley del Lobby, presión para la obtención de permisos, entre otros. Hay una serie de antecedentes y testimonios que sustentan nuestra demanda que exige el pago de una indemnización de un monto cercano a los $1.200 millones que busca, en parte, reparar el daño causado, exigiendo reparación del daño emergente y daño moral", concluyó.

La abogada representante de la familia Vergara Tapia aseguró que "la falta de servicio se configura plenamente a juicio de esta parte, por tratarse de una seguidilla de actos de hostigamiento y acoso que se manifestaron en acciones tales como reducción continuo de personal en la Dirección de Obras Municipales (DOM), recarga de trabajo con funciones ajenas a las del DOM - como subrogancia por largo tiempo en Secretaría Municipal, jefatura del Agua Potable en otro distrito de la comuna -, malos tratos, reuniones sin cumplir exigencia de la Ley del Lobby, presión para la obtención de permisos, entre otros. Hay una serie de antecedentes y testimonios que sustentan nuestra demanda que exige el pago de una indemnización de un monto cercano a los $1.200 millones que busca, en parte, reparar el daño causado, exigiendo reparación del daño emergente y daño moral", concluyó.