El fenómeno de los menores infractores de la ley penal no solo genera una alarma social amplificada dentro de la crisis de seguridad que azota al país, sino que también nos enfrenta a uno de los dilemas más complejos de cualquier sistema de justicia: ¿cómo abordar la criminalidad cuando quien delinque es un niño? Lo anterior obliga a una reflexión profunda, seria y sin populismo.

Ante la comisión de delitos debe actuar la actividad punitiva del Estado. Sin embargo, cuando el infractor es un menor de edad, el desafío es más profundo. No basta con castigar; hay que poner énfasis en la prevención. Factores como la deserción escolar, el consumo de drogas, el acceso a armas y la exposición temprana a la violencia familiar o comunitaria, la influencia de modas (como algunas corrientes de la llamada música urbana) que exacerban el uso de la violencia como signo de estatus social son algunos de los elementos que alimentan este fenómeno.

Muchos de estos niños y adolescentes no solo han infringido la ley, sino que también han sido víctimas de vulneraciones sistemáticas de sus derechos. Esto los sitúa en una dolorosa dualidad: ser víctima y victimario a la vez. Ignorar esa complejidad sería perpetuar un círculo de

exclusión.

Frente a este escenario, surge inevitablemente una pregunta que incomoda pero que debe ser debatida: ¿es necesario bajar la edad de responsabilidad penal adolescente? Algunos sectores lo plantean como respuesta inmediata al aumento de delitos graves cometidos por menores. No obstante, esta medida, sin un abordaje estructural y preventivo paralelo, corre el riesgo de tratar los síntomas sin atacar las causas de fondo por lo que se transformaría en un simple maquillaje destinado al fracaso.

El desafío, entonces, no es solo jurídico, también es político y social. Se requiere una política pública decidida, que combine sanción con oportunidades, prevención con intervención y, sobre todo, que sitúe la protección de la niñez como una prioridad real, no solo declarativa.

Evelyn Vicencio

Académica Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar

Cada vez que en el Congreso se vota una Acusación Constitucional o Interpelación, y los senadores y diputados, voten por inercia política partidista, o sea votan, ya sea a favor o en contra del acusado o interpelado, según si concuerda o no con sus idearios políticos personales, y no después de un riguroso análisis de la situación, viendo cada pro y contra del acusado o interpelado, que entre paréntesis es como esperan las chilenas y chilenos actúen los diputados...

El miércoles se rechazó la AC, en el senado, en contra de la exministra Fernández por el caso de la fallida compra de la casa, por lo que surge la pregunta...

¿Habrán considerado la(o)s diputada(o)s, que votaron en contra de la AC, el hecho crucial, que si no hubiera "saltado la liebre" (por el "pinchazo" que le pegó el reportaje periodístico de "Fast Check"), que mostraba los errores en la compra de la casa, nada se hubiera sabido, y tal vez hoy todos estarían hablando de otra cosa, y no, si es que hubo o no hubo, intención de "saltarse algunos pasos legales, regidos por la Constitución", para decirlo en palabras simples y que llevaron a la Acusación Constitucional?

Luis Enrique Soler Milla

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