Ala espera de un informe técnico requerido a la Dirección del Trabajo sobre la materia, ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó sus reparos a la moción parlamentaria ingresada por diputados de RN y la UDI para declarar como feriado irrenunciable el Viernes Santo, luego que las grandes empresas del retail anunciaran que este 18 de abril atenderán al público.

"Todos sabemos que los feriados irrenunciables tienen un costo económico, un costo en empleo, un costo en crecimiento", dijo en medio de su participación en la asamblea del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), que se celebra en Santiago.

"Chile ya es un país que tiene un número de feriados que son considerablemente superior al que tienen otros países", agregó.

Su postura difiere de la expresada el miércoles por la titular del Trabajo, Jeannette Jara, quien comentó que los empresarios que desean abrir dicho viernes "pareciera que les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas".

A la espera de su análisis en el Ejecutivo para decidir un eventual patrocinio, la moción divide internamente a casi todos los partidos.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, recordó ayer que Chile tiene 19 feriados, de los que ocho son irrenunciables, lo que ya tiene un impacto económico. Añadió que al no tener esta característica el Viernes Santo, le permite al empleador y el trabajador negociar las condiciones para desempeñarse, por lo que abogó por mantener el carácter actual.

"Nos parece un poco precipitado que, a tres semanas de Semana Santa, estar discutiendo esto, o tratando de legislar esto", dijo a CNN Chile.

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, aseguró a ese mismo medio que "más del 90% del sector "ha abierto siempre en Viernes Santo" y "sólo tres grandes tiendas se mantuvieron con sus puertas cerradas", compañías que ahora sólo "se suman a una tendencia que viene hace mucho tiempo". J

El canciller Alberto van Klaveren y el fiscal nacional Ángel Valencia se reunirán hoy con los máximos representantes de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, para proporcionarles los antecedentes del Ministerio Público que presuntamente vinculan al régimen de Nicolás Maduro con el secuestro y asesinato del exteniente disidente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Chile en 2024.

Desde esa ciudad de Países Bajos, Valencia afirmó ayer que los antecedentes recabados por el fiscal Héctor Barros y la PDI les permiten asegurar que el crimen del exoficial "no tiene los elementos de un delito común, Toda la evidencia reunida permite concluir que, en el actual estado de la investigación, una célula o un grupo asociado al Tren de Aragua, por motivaciones políticas, originado por un encargo de naturaleza política, secuestraron y luego dieron muerte al teniente Ronald Ojeda".

Según la indagatoria, el oficial había viajado semanas antes a Colombia e ingresó clandestinamente a Venezuela como parte de un plan que buscaba atentar contra el régimen chavista, lo que fue desbaratado.

Los antecedentes chilenos serán entregados en entrevistas separadas a la presidenta de la CPI, jueza Tomoko Akane, la fiscal Karim A.A. Khan y el secretario Osvaldo Zavala. Esto, para que sean incorporados en la causa abierta en 2018 contra el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad.

El abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, calificó que la decisión chilena sería era un "hito relevante" en este caso, pues aseguró que sería la primera vez que se demostraría la participación directa del régimen en un asesinato cometido a través de una organización criminal, relación que Venezuela ha negado reiteradamente. J

Pescadores artesanales utilizaron ayer sus botes para bloquear el ingreso de buques a los puertos de Valparaíso y San Antonio. La acción es parte de la agudización de sus manifestaciones por la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, que aumenta las cuotas para su sector. Los trabajadores exigen que se agilice el debate en el Senado y mantenga lo aprobado por la Cámara de Diputados, lo que rechazan los industriales. Las protestas dejaron el miércoles 18 carabineros heridos y tres carros destruidos, lo que fue repudiado por el Gobierno. Las demandas han sido apoyadas por parlamentarios del PC y en La Moneda llamaron a "no incitar la violencia". Lanchas de la Armada dispersaron a los botes. J